De acuerdo con esa decisión, el sector tiene una falla geológica que pone en riesgo la integridad de niños, jóvenes, adultos y ancianos, razón por la que ordena que se deben iniciar las gestiones técnicas y presupuestales, sin dilación alguna, para reubicar a quienes habitan en esta zona de riesgo.
A la par de la reubicación, la Alcaldía deberá entregarle 10 salarios mínimos a la ciudadana que interpuso la acción popular.
En el expediente 54 de 2006, Rocío Meza Jaimes, habitante de Chíchira, interpuso ante el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Pamplona una acción popular en contra del municipio, solicitando la construcción de muros de contención en la carrera 9 para evitar que la erosión derrumbara las casas y afectará las vías de acceso al barrio.
Después de verificarse los hechos y escuchar a ambas partes, el Juzgado da un fallo en primera instancia en el que determina que existen riesgos para la comunidad debido a la erosión que presenta el terreno.
Así mismo, se manifiesta que hay omisión por parte de las anteriores administraciones al no ejecutar obras de mitigación y de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Sin embargo, no se contemplan acciones para remediar esa situación y Meza decide apelar la decisión ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, donde se ordena a la Alcaldía la reubicación del barrio.
Chichira está construido en una zona de alto riesgo, al filo de una montaña que colinda con el río Pamplonita. El agua que divide la carretera con el barrio, por generaciones ha afectado la estabilidad del terreno y con las temporadas invernales de años anteriores se aceleró la falla geológica.
Bustos indicó que el municipio en la actualidad no tiene lotes para la construcción de viviendas de interés social y que se espera incluir a las 28 familias en el proyecto de 300 soluciones habitacionales que se lidera con el apoyo del Gobierno Nacional.
“El único lote disponible es en la parte trasera del colegio Provincial San José. Sin embargo, la Gobernación debe ordenar por medio de un Decreto el desenglobe de cuatro hectáreas para que el ministerio de Vivienda autorice el inicio del proyecto”, dijo.
Además, Bustos recordó que hay 33 hectáreas que fueron destinadas a la Gobernación para uso y desarrollo de infraestructura educativa.
“A parte del lote se le debe cambiar la destinación, pues con la construcción de las casas no se estaría afectando la educación. Pamplona es una de las pocas ciudades que tiene una buena capacidad educativa”, dijo Bustos. “Lo que nos pide Findeter es desenglobar esos terrenos para quitar la afectación y poder avanzar con el proyecto”.
El alcalde Bustos también indicó que hay que ubicar a las más de 40 familias afectadas en la urbanización Valle del Espíritu Santo. Además de otras 100 familias que están en diferentes zonas de alto riesgo del municipio.
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