En el período comprendido entre 2011 y 2012, el censo que manejó la Alcaldía de Pamplona fue de 564 personas en condición de desplazamiento, distribuidas en 94 núcleos familiares provenientes de la Costa Atlántica, de Arauca, y de municipios de la provincia,
El secretario de Gobierno, Carlos Omaña, dijo que a las familias se les ha brindado atención de emergencia. Además, se les han impartido capacitaciones sobre deberes y derechos a los que tienen acceso.
“Como hay muchas familias que han manifestado el deseo de radicarse definitivamente en Pamplona, se les ha dado inducciones para que formen proyectos productivos. Las jornadas de capacitación se trabajan con el Sena”
La administración municipal en los últimos años ha beneficiado a jóvenes desplazados con el otorgamiento de becas en la Universidad de Pamplona.
Este año gozan de esos subsidios 18 estudiantes víctimas de la violencia.
Sin embargo, una de las dificultades que se tienen es que los recursos para atender a la población desplazada son escasos, solo para esta vigencia se destinaron $60 millones.
En esta semana se instaló el Comité de Paz y Derechos Humanos que deberá diseñar políticas públicas. Así mismo, este organismo ejecutará planes de capacitación dirigidos a funcionarios municipales, población civil y fuerza pública, referentes a la promoción de los Derechos Humanos.
También se deberá elaborar un mapa de riesgo que permita identificar los lugares en donde se presenten más conflictos y los modos de agresiones.
El organismo quedó conformado por el alcalde Bustos, el secretario de gobierno Omaña y el delegado de Derechos Humanos de la Gobernación. Además de la Policía, el Batallón García Rovira, la Personería, representantes de organizaciones sociales, juntas de acción comunal y gremios.
Como invitados permanentes están la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Arquidiócesis, universidades y colegios.
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