El mal manejo que se dio en anteriores administraciones a contratos públicos, hace que Pamplona enfrente varias demandas, que en total suman $3.400 millones.
Algunos de dichos procesos fallaron en favor de los demandantes y otros están en fase de conciliación.
Sin embargo, él más grave está relacionado con la construcción del patinódromo, cuyo contratista: García Vega y Compañía Ltda., exige una indemnización por $2.500 millones.
Este procedimiento data de 1997, cuando Findeter suspendió un giro por $400 millones de un crédito para la construcción del patinódromo. Lo anterior hizo que esa firma asumiera los costos de la obra.
Posteriormente la firma García Vega y Compañía Ltda., se declaró en quiebra al no recibir los pagos y procedió a demandar al municipio.
El asesor jurídico de la Alcaldía, Alejandro Suárez, dijo que este proceso está en el Consejo de Estado y a la espera de una decisión final. El primer fallo es en contra del municipio y lo obliga a pagar $1.300 millones más los intereses.
De ratificarse esa decisión en segunda instancia, el municipio deberá pagar cerca de $2.500 millones.
Viviendas de interés social
La segunda demanda fue interpuesta por los beneficiarios de la urbanización Valle del Espíritu Santo, que reclaman $800 millones por daños y prejuicios.
Esas soluciones habitacionales se construyeron hace cuatro años, en la administración de Klaus Faber Mogollón. El lote en el que fueron construidas las 90 viviendas está localizado al sur del perímetro urbano, en la vía que comunica con el sector Zulia.
Las familias dicen que no son culpables de que el terreno donde se construyeron las casas presentará fallas geológicas. Alegan que el municipio no efectuó un estudio técnico de los terrenos, razón por la que las casas se derrumbaron.
La tercera demanda tiene que ver con unos estudios que se contrataron para ejecutar un proyecto de vivienda de interés social en los barrios Simón Bolívar y Cristo Rey. Eso ocurrió en la administración de Constantino Camargo Rivera.
Los estudios se contrataron por $17 millones, pero nunca se pagó ese dinero al contratista que fue la Corporación Minuto de Dios.
Al ser un contrato de 1997, y teniendo en cuenta los intereses que se generaron, el municipio debería pagar $70 millones. Sin embargo, el municipio ofrecerá pagar la deuda con un descuento del 50 por ciento, tasándose en $35 millones.
Acueducto
La cuarta demanda está en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y hace referencia a obras que no se pagaron al contratista José A. Gómez Flórez por $20 millones, hace 14 años, época en la que se extendió la red de acueducto hacia las veredas Zarzal y Parchal. Los habitantes de la vereda manifiestan que ese sistema no sirvió.
Salud
El asesor jurídico de la Alcaldía, Alejandro Suárez, confirmó que en la Dirección de Salud hay un proceso administrativo sancionatorio por no rendir informes ante la Superintendencia de Salud, también en la administración de Klaus Faber Mogollón.
“Hay una multa en contra del municipio que está en apelación y por el orden de los $120 millones”, dijo.
Suárez manifestó que en caso de que corresponda pagarla al municipio, se iniciaría un proceso de repetición en contra de los funcionarios que no rindieron la información oportunamente.
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