Los habitantes de Chíchira, se cansaron de las promesas de reubicación de la administración municipal por la falla geológica que presenta ese sector y manifestaron que ni con el fallo a su favor de una acción popular han podido gozar de su derecho a vivir en un sitio seguro.
Las casi 200 personas que habitan en ese sector, al oriente de Pamplona, solicitaron al alcalde Carlos Arturo Bustos Cortés, que adelante en el corto plazo la reubicación de las familias afectadas.
Este sector presenta desde hace años una falla geológica, evidenciada en deslizamientos, instabilidad del terreno y progresiva erosión.
Ningún gobierno se interesó por buscarle la mejor salida a esta situación y siempre surgían promesas de una posible reubicación.
Después de acudir a diferentes escenarios del municipio con derechos de peticiones y solicitudes y no recibir respuestas concretas, la comunidad liderada por Rocío Meza Jaimes, interpuso ante el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Pamplona una acción popular que fue fallada a su favor.
Para tomar esta decisión se tuvo en cuenta el amparo de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres, previsibles técnicamente, así como la seguridad pública y el derecho a una infraestructura que garantice los servicios públicos.
De esta manera el Juzgado ordenó al ejecutivo municipal que sin dilación alguna reubique definitivamente a quienes habitan en esta zona.
El fallo se produjo el 10 de octubre de 2012 y en vista que han pasado casi seis meses de lo ordenado, la comunidad se reunió con Bustos Cortés para pedirle explicaciones sobre el estado del proceso.
El encuentro se cumplió en el salón comunal de Chíchira, donde el alcalde Bustos Cortés ofreció disculpas porque no ha podido cumplir, debido a la carencia de recursos y de un lote en donde puedan reubicarse.
Sostuvo que las esperanzas están centradas en que hagan parte del proyecto de las 350 viviendas de interés prioritario que volverá a presentar el municipio al Gobierno Nacional.
Aclaró que no se ha podido acceder porque el único lote, ubicado en la parte trasera del colegio Provincial San José, debe hacérsele el desenglobe de cuatro hectáreas para levantar el proyecto urbanístico. Ese procedimiento corresponde a la Gobernación de Norte de Santander.
Bustos indicó que por ahora esta es la única salida viable, porque de lo contario se necesitarían $2.500 millones para la reubicación y no se tiene ese dinero disponible.
Mencionó que no solamente la Alcaldía tenía este compromiso en materia de viviendas y que también se deben reubicar 40 casas del proyecto Valle del Espíritu Santo, 150 en el sector Zulia y 100 más que están en otras zonas de alto riesgo.
Informó que si el Ministerio de Vivienda le da vía libre a la propuesta de las 350 casas, a mitad del próximo año se estaría produciendo el traslado del barrio y se procedería con la demolición de las 38 viviendas censadas.
El presidente de la junta de acción comunal, César Carrillo Álvarez, dijo que se despejaron muchas dudas que se tenían en torno a la reubicación y que lo planteado por el Alcalde es la realidad del municipio.
Sin embargo, habitantes como Nubia Carrillo, quien tiene una microempresa en la parte baja del sector y en el patio varias huertas caseras, se mostró preocupada porque serán reubicados en casas más pequeñas y no podrán tener las microempresas.
Roberto Ospino T.
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