Hace unos días 11 militares murieron en una emboscada de la guerrilla del ELN en Chitagá, Norte de Santander. El país que se acostumbró a la violencia lo cuenta como uno más de los combates entre el ejército y la guerrilla.
Las autoridades informaron que la sevicia de la guerrilla con los uniformados quedó evidenciada en tiros de gracia y violencia contra los cuerpos. Los militares aparentemente descansaban cuando fueron sorprendidos por el ataque. La mamá de uno de los uniformados, Benilda Romero, denunció irregularidades en el traslado de los militares a esa zona roja al nororiente del país. Benilda últimamente lo notaba preocupado.
Juan David Romero, su hijo, le contó del cuantioso robo que le hicieron a un oficial de la Quinta Brigada del Ejército. Sus superiores arrecieron en castigos para los uniformados presuntamente responsables, exactamente los mismos 11 que murieron.
Según la denuncia de Benilda, Juan David le había contado días atrás que debido al supuesto robo en el batallón José Antonio Galán en Bucaramanga, sus superiores habían decidido trasladarlos al corregimiento de Presidente, donde fueron acribillados mientras dormían en un campamento improvisado.
En los últimos días las escasas llamadas que Benilda recibió de Juan, éste tenía una sola petición: dinero. Según le contó su hijo, entre los uniformados del batallón empezaron a hacer colecta para reunir el dinero perdido. En la última llamada Juan comentó a su madre que sus superiores decidieron ejecutar otro tipo de castigo. Finalmente los 11 militares sin la preparación adecuada fueron enviados a la zona rural del municipio de Chitagá.
A Benilda le extrañó el envío de su hijo y el de sus compañeros a esa complicada zona roja con abundante presencia de guerrilla. Cuando Juan entró a prestar servicio en un batallón de Usme, le aseguraron que su hijo no sería enviado a zonas de combate.
Benilda pidió la intervención del presidente Juan Manuel Santos para que ordene una investigación militar y se determine si se violaron las normas disciplinarias con la imposición de un castigo que pudo facilitar la acción guerrillera, dada la vulnerabilidad en que se encontraban los uniformados atacados por el ELN.
Durante la instalación del campamento, oficiales del pelotón criticaron la posición vulnerable de los uniformados. Benilda pide al ejército y al presidente identificar al mayor que ordenó el supuesto castigo que le costo la vida a su hijo.
Todelar radio
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